La ecuación es sencilla, pero su resolución es la clave del futuro social de Europa. A medida que la riqueza se dispara y se concentra en manos de una élite
El problema de la tributación del patrimonio ha dejado de ser un tema meramente económico para convertirse en una cuestión política y moral de primera magnitud, incluso defendida por un periódico tradicionalmente liberal como el Financial Times.
La magnitud de la desigualdad actual es, sencillamente, vertiginosa. El diario británico cita la explosión de las listas de multimillonarios, un fenómeno que desafía cualquier ajuste inflacionario:
«En 1987, cuando la revista Forbes publicó su primer ranking mundial de multimillonarios, solo incluía 140 nombres. Este año, incluye a más de 3.000 personas, que poseen un total de 16 billones de dólares [unos 13,7 billones de euros]».
Esta asombrosa acumulación se acelera: entre 1987 y 2024, la riqueza promedio del 0,0001% más acaudalado creció a una media del 7,1% anual, más del doble del 3,2% registrado por el adulto promedio.
Ante este panorama, el economista Gabriel Zucman, de la Escuela de Economía de París, es rotundo. Su plan para tasar a los ultrarricos está en el centro del debate fiscal francés, pero su lógica resuena en todo el continente: «La prioridad es gravar a los superricos», opina. «No solo son las personas más ricas del mundo, sino que también son quienes menos impuestos pagan».
Este desequilibrio impide la movilidad social y alimenta la indignación, un caldo de cultivo para los movimientos populistas. Para la mayoría de las democracias, se vuelve «cada vez más difícil justificar el sacrificio de las prestaciones sociales para las personas mayores o con discapacidad mientras enormes fortunas escapan a los impuestos», según señala otro experto citado por el Financial Times.
La cuestión es cómo. Gravar a los muy ricos es, como reconoce el FT, «más fácil de decir que de hacer», especialmente cuando las fortunas son móviles. Sin embargo, algunos países europeos han asumido el riesgo. España, por ejemplo, bajo el gobierno socialista, introdujo un impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas en 2022, una medida que aplaudida por El País y que, en 2023, recaudó casi 2.000 millones de euros. Noruega, por su parte, optó por duplicar el impuesto al patrimonio, aunque esto provocó el exilio de algunas grandes fortunas, demostrando que la coordinación internacional es esencial para evitar la fuga de capitales. Suiza también mantiene un gravamen, si bien en un contexto muy particular.
La tributación del patrimonio no es una fórmula mágica, sino un acto de equilibrio constructivo. Es una herramienta indispensable para restaurar la equidad, financiar servicios públicos y legitimar el contrato social en una era de desigualdad sin precedentes.
Redacción
En Positivo
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